viernes, 15 de abril de 2011

GIMNASIO DE LOS CASTAÑOS

Concello ordena el derribo del cierre del gimnasio de Los Castaños
El 'Boletín Oficial de la Provincia' notifica el decreto del alcalde en el que se da inicio al nuevo expediente de reposición de la legalidad urbanística
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Cierre metálico del bajo del edificio de Los Castaños. / la opinión
MANUEL PIÑEIRO | CABANAS El Concello de Cabanas ha ordenado el derribo del cierre metálico del gimnasio Hammer Strenght, situado en la urbanización de Los Castaños, en la parroquia de Porto. El correspondiente decreto de la Alcaldía cabanesa acuerda el inicio de un nuevo expediente de reposición de la legalidad urbanística. Los afectados por esta orden municipal tendrán quince días para analizar el texto íntegro y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La obra sin licencia municipal, en la que se construyó el cierre del gimnasio, fue denunciada hace cinco meses por el grupo mixto de Cabanas, integrado por el concejal de Iniciativa Veciñal Cabanesa, Juan María Campos, y la edil del Partido Socialista, María José Cabana. Por aquel entonces, reclamaron al Gobierno local que ordenase la demolición de la obra , ya que invade parte de la vía pública y carece de los preceptivos permisos municipales, además de contar con un informe desfavorable de la arquitecta del Concello.

La Axencia da Legalidad Urbanística atendió el caso en cuanto fue denunciado por IVC y PSOE, pero se lo remitió al alcalde, Germán Castrillón, por tratarse de suelo urbano fuera de la red vial, por lo que era competencia del regidor hacer valer la protección de la legalidad urbanística. El pasado 6 de agosto el alcalde realizó el correspondiente decreto en el que se acordó dar inicio al nuevo expediente de reposición de la legalidad.

Los hechos en torno al gimnasio comenzaron en 2007, cuando la propietaria solicitó la licencia para reformar el bajo y habilitarlo como gimnasio. Meses después pidió el permiso para cerrar la terraza de dicho local.

Los permisos no fueron concedidos por lo que el Concello dictaminó que los actos constituían una infracción urbanística y ordenó la reposición de la legalidad.

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